Quienes compartan los criterios expresados y tengan interes en participar, estan cordialmente invitados a sumarse a las firmas y al Acto del jueves, en que se entregara la Carta en el Congreso.
Interpelación ciudadana a parlamentarios en ejercicio:
LEGISLAR PARA LAS MAYORÍAS O EN CONTRA DE ELLAS
Es un dato de la causa, que el actual sistema político que nos fue impuesto en 1980 –a pesar de las reiteradas modificaciones cosméticas- está agotado.
La Constitución impuesta en 1980, tuvo como objetivo dar sustento institucional a un modelo económico depredador cuya fuerza motriz es el afán de lucro.
Esto pasó por establecer un Estado subsidiario que facilitara la acumulación de ganancias a la empresa privada (nacional y extranjera), disgregando y desarticulando a las bases sociales para que no estorbaran el proceso de acumulación y estableciendo un sistema político capaz de mantener alejada a la ciudadanía de las decisiones políticas.
Esto es lo que puso en evidencia el reciente proceso de movilizaciones. Desde las protestas por Barrancones, pasando por la masiva resistencia magallánica, las movilizaciones contra el Proyecto HidroAysen y la marejada estudiantil.
Las encuestas lo dicen claramente, la inmensa mayoría ciudadana ya no quiere vivir mas en una sociedad arrinconada por inescrupulosos, que no han vacilado en apropiarse y privatizar todo lo que era capital social. Los grupos económicos al amparo de esta constitución y sus operadores políticos, mercantilizaron los derechos y servicios sociales básicos (Educación, Salud, Previsión, Energia Eléctrica, Agua Potable, Telefonía, etc.).
Las estadísticas mundiales lo confirman, Chile es un país con la peor distribución del Ingreso, en que unas pocas familias (emparentadas entre si), se reparten la torta y los cargos públicos. Cuando las autoridades se vanaglorian de que el Per Cápita es de mas de 16 mil 500 dólares anuales, los 8 millones de trabajadores que subsisten con el salario mínimo, acumulan deudas y rabia.
EL MIEDO DE LOS DUEÑOS DE CHILE
No es de extrañar que cuando miles de chilenos se vuelcan a las calles a manifestar su rechazo a este “estado de cosas”, los dueños de los fondos de pensiones, de las ISAPRES, de los bancos, de las minas, de colegios y universidades, de las empresas de energía, del retail, entran en pánico y exigen al Gobierno más control y contención enérgica de la protesta social.
No es casualidad por tanto, que una semana antes de fiestas patrias, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) le envió un documento al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Preocupados por los saqueos y los desórdenes públicos, la CNC decidió proponerle una solución al jefe de gabinete y le hizo llegar un proyecto de ley para modificar el Código Penal y sancionar con penas más duras estos hechos. El texto legal fue redactado porMiguel Otero Lathrop, consejero de la CNC, ex diputado RN y durante breves 50 días embajador de Piñera en Argentina, , removido del cargo tras dar una entrevista al Diario Clarín donde justificaba el golpe militar de 1973.
Es este proyecto, es el que esta en la base del Proyecto de Ley “que fortalece el resguardo del Orden público” presentado el 27 de septiembre del 2011 por Piñera y Hinzpeter, al Congreso. Sus premisas son muy claras: sancionar con penas de cárcel a cualquier funcionario, trabajador, estudiante, ambientalista o vecino que se atreva a manifestar su descontento.
¡CÁRCEL PARA TODOS!
La normativa reemplaza el tipo penal del delito de desórdenes públicos, contenido en el artículo 269 del Código Penal, por una nueva figura que sanciona con una pena de presidio menor en su grado medio, esto es, de 541 días a 3 años, a los que participen o hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que implique: paralizar o interrumpir algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia y los de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte; invadir, ocupar o saquear viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o cualquiera otro, sean privados, fiscales o municipales; impedir o alterar la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes; atentar en contra de la autoridad o sus agentes; emplear armas de fuego, cortantes o punzantes, artefactos o elementos explosivos, incendiarios o químicos u otros capaces de producir daños a las personas o a la propiedad; o causar daños a la propiedad ajena, sea pública, municipal o particular.
Es decir, a cualquier estudiante o profesor que cansado de los abusos se le ocurra ocupar un Ministerio, una Seremía, un colegio o universidad; o trabajadores de la salud que se tomen un Hospital, un policlínico o una dependencia municipal; deudores habitacionales, pescadores artesanales, pobladores que se tomen una calle o un camino para hacer visible sus conflictos, o aquellos que salgan a marchar sin permiso… ¡terminarán encarcelados!
Simultáneamente, y continuando con el blindaje a las policías iniciado a mediados de los 90, sanciona también con pena de cárcel a quien no se someta bovinamente al abuso policial, y amplia las facultades de estos organismo, para detener, inculpar y requisar material audiovisual. El país es testigo de cómo Carabineros amedrenta, golpea y detiene a fotógrafos o videístas que registran sus abusos con la población indefensa. Al amparo de esta ley, podrán impunemente confiscar todo material que los comprometa.
En un Estado de derecho, para que una ley tenga visos de legitimidad, debe cumplir con un mínimo de requisitos. Uno de estos es concitar un cierto consenso social respecto a la peligrosidad de las conductas que se pretende sancionar.
¿Quién puede legítimamente sostener que las marchas y las tomas son consideradas por la sociedad chilena como negativas cuando el movimiento estudiantil que se ha expresado, precisamente, a través de ellas cuenta con un amplísimo respaldo social?
Las sanciones penales –especialmente la cárcel- es la pena más grave de las que dispone la ley para sancionar conductas consideradas disfuncionales desde el punto de vista social. De ahí que se suele decir, que el derecho penal es el último recurso para defender el orden establecido.
Establecer delitos que pudieren afectar derechos fundamentales de las personas –como la libertad- deben estar especialmente justificados en razones de estricta necesidad y proporcionalidad. Por otra parte, los delitos deben referirse a conductas muy específicas, que dejen el menor margen posible a la indeterminación y que sean consideradas especialmente negativas por amplios sectores de la sociedad.
El Proyecto Hinzpeter no cumple con ninguna de estas condiciones. Pretende sancionar conductas abiertas – marchar sin permiso, romper un candado o apartar a un portero puede ser estigmatizado como violencia-, y que en la mayoría de los casos son expresión de una forma legítima de manifestarse, recogido en nuestro sistema de derechos fundamentales, como lo han establecido diversas Cortes de Apelaciones, ante las querellas interpuesta por sostenedores.
RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA
El descrédito de las instituciones, repetido hasta el cansancio por todas las encuestas de opinión; la poca credibilidad del gobierno, la sospecha de que muchos parlamentarios están solo al servicio de quienes les financian las campañas, hacen temer que una ley que nos condenaría al ostracismo social, pueda ser aprobada entre gallos y medianoche.
La responsabilidad inmediata esta en manos de diputados y senadores. La forma en que han co-administrado el pais, no da precisamente garantías de que legislaran en pro de las mayorías ciudadanas y la democracia; pero les suponemos un grado de inteligencia y sensibilidad social mayor que el exhibido por el conjunto del Poder Ejecutivo.
Como los Honorables bien saben, el que cientos de miles de ciudadanos salgan a marchar por diversas causas, que miles de estudiantes ocupen por meses colegios y facultades, es un síntoma de que el malestar nacional ya rebalso los límites del sistema.
Deben preguntarse, si legislativamente se cierran todos los espacios en que se expresan las personas: ¿Que les queda a los actores sociales para manifestar su descontento y visibilizar sus demandas?
¿Están dispuestos a pagar el costo histórico de aprobar una ley liberticida y antidemocrática –la nueva Ley Maldita-, que por razones de supervivencia la inmensa mayoría del país no puede acatar?
Que el Presidente Piñera y su Ministro del Interior, intenten contener las movilizaciones encarcelando al 80% de la ciudadanía, solo se explica por su desesperación, ineptitud y falta de criterio; pero de legisladores –que en su mayoría llevan años ejerciendo el cargo- esperamos un mínimo de cordura y responsabilidad.
No hace falta ser cientista social, para comprender que el cerrar todas las válvulas de la caldera social, solo puede traducirse en un estallido de imprevisibles consecuencias.
Señor Diputado/ Diputada /Senador/ Senadora: En sus manos está cerrar todos los espacios a la legítima expresión ciudadana, o buscar caminos de entendimiento, que permitan avanzar en la construcción de una sociedad mas democrática, justa y solidaria.
Coordinadora por la Lucha de los Pueblos - V Región.
Valparaíso, enero de 2012.
